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Los riesgos y retos del sistema penitenciario

carceles
Grupo Informador
abril26/ 2018

 OPINIÓN


irma mejia opinion

Periodista con estudios en Seguridad Ciudadana

Correo: irmisme@gmail.com

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Irma Mejía 

¿Cómo están las cárceles en el país? ¿Realmente hay reinserción social? ¿Se ha logrado aplicar la reforma penitenciaria? En junio se cumplirán dos años que entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) que, aparte de la judicialización de la pena para proporcionar protección jurídica y derechos a las personas en reclusión, busca un cambio en el sistema de ejecución con profundos cambios infraestructurales.

Ante la severa crisis por la que atraviesan los penales con un diagnóstico conocido de sobrepoblación, autogobierno, corrupción, motines, centro de operaciones de delitos y violaciones de derechos humanos, surgió esta nueva política nacional penitenciaria que obliga a la Federación y entidades a definir acciones para estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional y lograr un sistema integral de reinserción social.

Con la implementación de la LNEP, se obligan a aumentar el número de operativos de supervisión en los centros penitenciarios, con la finalidad de garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los  penales; así como mejorar la infraestructura penitenciaria y sobre todo aplicar las medidas mínimas de seguridad y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, la Ley no se ha implementado de forma uniforme en los estados, ya que en junio de 2017, desde el Congreso de la Unión se emitió un exhorto a las entidades y sus legislaturas para pedir que se emitieran las declaratorias de ejecución y dieron como plazo 2018 para aplicarla.

Se requiere cerrar el círculo de seguridad y justicia. No basta sólo con exigir que se investigue correctamente un delito, que se consigne debidamente a los imputados y procesarlos adecuadamente, sino también que las sentencias se compurguen en penales que cumplan con las reglas mínimas, porque si tenemos centros penitenciarios con desorden, eso implica que existan cogobiernos o autogobiernos y seguirá vigente el estigma de que “las cárceles son universidades del crimen”.

 CONTRASTES 

 ¿Hay realmente avance?  En un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los centros de reclusión de baja capacidad, emitido en febrero de este año, refiere que, hasta el mes de diciembre de 2017, el sistema penitenciario del país albergaba a más de 204 mil personas distribuidas en 358 establecimientos, de este total, 13 mil personas se encuentran albergadas en 109 centros que dependen de las autoridades estatales, las cuales no cuentan en su mayoría con una infraestructura para desarrollar un buen régimen penitenciario.

El Observatorio de Prisiones revela datos interesantes, al arrojar que en 2017 se registraron dos mil 253 incidentes a nivel nacional, de estos991 fueron riñas, 68 homicidios, 49 suicidios, 47 motines y 9 fugas.

Las entidades con más incidentes fueron Puebla y Baja California con 293  y 240 incidentes, de los cuales, son 124 y 97 riñas, respectivamente. Mientras que en Zacatecas fueron cuatro  y en Aguascalientes una.

En lo que va del año ya van más de 370 incidentes y más de 80 riñas en los penales del país, seguramente se ha incrementado la cifra con el enfrentamiento registrado, apenas este miércoles, en el penal varonil de Cieneguillas, cuya trifulca entre grupos antagónicos del crimen organizado dejó un saldo de cuatro heridos y dos muertos.

Esta situación lleva a dar un bosquejo en los resultados de la primera Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (ENPOL) realizada por el INEGI y publicada en agosto de 2017, por cierto, una acción innovadora de la LNEP que obliga a generar información estadística sobre las características de la población penitenciaria.

Los datos permiten conocer los perfiles de las personas que están privadas de la libertad en el país, ya que un 19.52% de los internos está por  homicidio, seguido de robo de vehículo con 10:54% y portación ilegal de armas 7.82%.

Mientras que en Zacatecas están en reclusión por homicidio con 24.7%, es decir, por encima del porcentaje nacional, seguido de la portación ilegal de armas con un 21%, robo de vehículo 15%, violación sexual 14.1% y secuestro exprés 12%.

En el caso de Aguascalientes, el 14.3% de los internos que están en los centros penitenciarios es por el delito de homicidio, posesión ilegal de drogas 12.4%, violación sexual 8.5%, comercio ilegal de drogas 7.7% y robo a vehículo 7.6%.

En conclusión, el análisis de datos deja ver que los sistemas penitenciarios no estaban preparados para albergar a los reos con perfiles de alta peligrosidad y, por eso, el incremento de incidentes al interior de los penales,  pero al no contar con instalaciones adecuadas también se confirma que aún falta tiempo para lograr la reinserción social. Un gran reto a cumplir.

 

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