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Lucha de México y Colombia expandieron narco a Centroamérica

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Grupo Informador
noviembre12/ 2013
*Por Jorge Medellín (Silla Rota)
El crimen organizado creció en Centroamérica, porque las estrategias de lucha contra el narcotráfico impulsadas por México y Colombia no tomaron en cuenta escenarios colaterales, como la existencia de pandillas y la falta de políticas sólidas para atender este fenómeno.
En su huida y reacomodo, luego de enfrentar sendas ofensivas mexicana y colombiana, los cárteles encontraron tierra fértil en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, en donde las pandillas viven una tercera oleada en la que sus integrantes son ahora sicarios, operadores y traficantes de drogas, armas y personas, advierten especialistas en el libro “La diáspora criminal: la difusión transnacional del crimen organizado y cómo contener su expansión”, editado por el Woodrow Wilson Center y presentado este miércoles en la Ciudad de México.
De acuerdo con la investigación sobre el desplazamiento del crimen organizado hacia Centroamérica, son Los Zetas quienes siguen ejerciendo “un control importante sobre el tráfico de drogas desde el norte de Honduras hasta México”, lo que los coloca como “la organización criminal con mayor presencia en actividades delictivas vinculadas al tráfico de migrantes y la trata de personas en Guatemala y México”, indica Gema Santamaría, una de las investigadoras que aporta su análisis en la obra.
Los Zetas, agrega la socióloga, han creado un “corredor migratorio” conformado por los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, entidades en las que mantienen un control sobre bandas delictivas locales.
La porosidad de la frontera sur, con sus mil 100 kilómetros de extensión, aunada a la presencia de sólo 125 agentes de Migración, así como los elevados índices de corrupción gubernamental en ambos lados de la frontera común, permiten el flujo constante de mercancías ilegales, de drogas, de armas y de personas, en un universo en el que conviven diversas prácticas criminales, señala la investigadora.
Candidata al doctorado en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research en Nueva York, la especialista aborda el caso de México en su artículo “La difusión y contención del crimen organizado en la subregión México-Centroamérica”.
En su análisis considera que la estrategia antinarco impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, en Colombia, fragmentó a los cárteles en ese país, pero terminó fortaleciendo a las organizaciones mexicanas que decidieron expandirse hacia Centroamérica.
En México, cárteles como el de Sinaloa o Los Zetas resultaron beneficiados a la larga por la ofensiva de Uribe en Colombia, que se combinó con la guerra de Calderón contra el narcotráfico y la serie de capturas y ejecuciones de capos por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Los cárteles mexicanos no desaparecieron; se fragmentaron y reagruparon, pero con una dinámica de expansión hacia zonas y territorios en donde encontraron condiciones propicias para crecer e incrementar su actividad delictiva: instituciones débiles, corrupción y ausencia de programas de atención y prevención del fenómeno del pandillerismo.
Previo a este escenario, Gema Santamaría explica que un factor determinante para potenciar la presencia y crecimiento de las pandillas en Centroamérica ha sido la deportación, desde Estados Unidos, de miles de jóvenes migrantes que ingresaron a suelo norteamericano en las décadas de los ochenta y noventa.
Cientos de miles de jóvenes, la mayoría con antecedentes penales en sus países de origen, fueron deportados en las últimas dos décadas sin que el gobierno de Estados Unidos previera escenarios en los que guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, panameños o costarricenses que forman parte de “maras” estuvieran bajo programas estatales de prevención y atención juvenil, señala Santamaría.
Tampoco los gobiernos de los países involucrados tomaron cartas en el asunto cuando las deportaciones masivas comenzaron. Algunos tenían programas en marcha, pero fueron insuficientes ante la oleada de deportaciones y, sobre todo, ante los cambios en la naturaleza de las nuevas generaciones de maras que se desarrollaron en la región, indica la especialista.
Así, los cárteles mexicanos, empoderados por el debilitamiento de sus pares colombianos, se asentaron en Centroamérica aprovechando el cambio generacional de las maras, su incursión en otros delitos y la debilidad de los Estados para combatirlos.
En resumen, indica Gema Santamaría, de forma indirecta y pese a los logros que las estrategias antinarco aplicadas en México y Colombia hayan tenido, sus consecuencias últimas se tradujeron en una diáspora criminal hacia Centroamérica.
Más aún, “el argumento que subyace en esta sección es que las políticas de combate no solamente han fracasado, en su intención de contener y aminorar la presencia de estas organizaciones en la subregión, sino que han tenido consecuencias inesperadas en relación a su difusión y a los niveles de violencia letal que han generado tanto en México como en Centroamérica”, añade.
Así, la llamada “cero tolerancia” de Estados Unidos y de otros países hacia los pandilleros y las “maras”, en realidad terminó derivando en una zona fértil para el desarrollo de los cárteles de las drogas.
En el caso de México y su política de combate al narcotráfico, Santamaría asegura que ésta logró hacer más costoso el trasiego de drogas, dinero y armas en la frontera norte, pero “creó incentivos para que dicho tráfico se diera a través de la frontera sur del país”.
La socióloga aborda también lo hecho en los primeros meses de gobierno por el presidente Enrique Peña Nieto, y señala que su estrategia de seguridad privilegia el combate a los delitos de alto impacto social como el secuestro y las extorsiones. Indica que el mandatario está dispuesto a atacar frontalmente estos fenómenos, enfocando sus baterías a la reducción de la violencia y de los ilícitos que impactan de manera más directa a los ciudadanos.

Gema Santamaría propone cinco puntos como medidas de contención y prevención contra la llamada diáspora de la delincuencia organizada en Centroamérica: crear mecanismos de vigilancia y denuncia ciudadana diferenciada frente a las múltiples víctimas de extorsión, promover el trabajo social con organizaciones y pandillas juveniles en barrios susceptibles a la expansión del crimen organizado, fortalecer el trabajo de inteligencia y control al interior de las cárceles, así como generar procesos de reinserción dirigidos a los miembros de los cuerpos de seguridad que han sido cooptados o reclutados por el crimen organizado y proteger el trabajo de los medios de información, tanto convencionales como no convencionales.

*Periodista investigador especializado en temas militar y de seguridad. Ha sido colaborador en diversos medios nacionales como Proceso, Contralínea, Seguridad 360¨, El Universal, actualmente de La Silla Rota, entre otros.

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